Sobre el “hispanchismo” y la división en la ultraderecha.

 

 

Los términos "hispanchista" e "hispanchismo" son unos neologismos recientes y peyorativos que han surgido principalmente en debates políticos en redes sociales y medios de comunicación en España, especialmente en círculos de la derecha y la extrema derecha. No es un concepto académico o histórico establecido, sino una crítica interna a ciertas posturas ideológicas.

 

"Hispanchismo" es una deformación intencional de "hispanismo", es decir la idea de "hispanidad" como comunidad cultural compartida entre España y los países de habla hispana, promovida desde el siglo XIX por figuras como Ramiro de Maeztu y que durante el franquismo se utilizó como eje ideológico. El sufijo "-chismo" (de "panchitos") lo convierte en un insulto que implica una visión degradada de la hispanidad. Apareció en discusiones en X (Twitter) y artículos de opinión en el verano de 2025, como en La Gaceta o Vozpópuli, donde se critica a quienes defienden la inmigración de América Latina como "hermanos culturales" en detrimento de una identidad española "pura".

 

Usan este término los sectores de la extrema derecha identitaria o "nacionalista étnica" (autodenominados "hispanazis" o "identitarios"). Ven el "hispanchismo" como una traición a la "españolidad pura" (europea, cristiana, no mestiza). Argumentan que la verdadera hispanidad histórica era "llevar España a América" (civilización, lengua, catolicismo), no "traer América a España" vía inmigración descontrolada. Critican que esto ignora problemas reales como la saturación de servicios, bajos salarios, vivienda y delincuencia asociada a la inmigración irregular, independientemente del origen.

 

Los críticos del "hispanchismo" insisten en que no hay diferencia sustancial entre la inmigración de Latinoamérica y la de países musulmanes o africanos en términos de impacto: ambas generan sobrecarga en el Estado de bienestar, competencia laboral, delincuencia y erosión cultural.

 

Y aquí entran PP y VOX, es verdad que VOX ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a la crítica a la inmigración latinoamericana (la más numerosa en España si sumas todas las nacionalidades), centrándose en contra de la inmigración africana y musulmana. Por un lado he pensado que la proximidad lingüística y cultural podían hacer de escudo frente al racismo y xenofobia de VOX, por otro, como soy malicioso, he pensado que las élites económicas de Venezuela y otros países latinos han comprado mediante lobbies y favores a la prensa digital de derechas y mandatarios de VOX para evitar la equiparación con otros inmigrantes.

 

En cualquier caso observo cómo el consenso dentro de la ultraderecha para excluir a los latinoamericanos de su retórica antiinmigración más feroz se está resquebrajando, y el término "hispanchismo" es la prueba clave de esa fractura interna.

 

Así que no es casual que Feijóo declarase el 25 de septiembre que desde el PP se primaría a los inmigrantes con afinidad cultural, es decir la inmigración latinoamericana.

 

Esto va a empujar a VOX a repudiar también a la inmigración latinoamericana si es que quiere separarse y diferenciarse del PP. Para los sectores más radicales y puristas de la base de VOX, cualquier concesión es una traición. Su ideario no se basa en matices culturales o históricos, sino en principios absolutos de soberanía, etnonacionalismo y control fronterizo estricto.

 

Así que quizá veamos al PP defendiendo la inmigración latina por oposición a la africana y musulmana para quitar a VOX ese sector del voto conservador que pueda tener esa visión (aparte de intentar asegurarse el voto de los latinoamericanos con doble nacionalidad residentes en España que podrían ser alrededor de 1 millón y medio), mientras que VOX se escorará a posiciones todavía más excluyentes equiparando toda la inmigración para ganarse el voto de los españoles más etnicistas.

 

La gran paradoja, por tanto, se vislumbra en un futuro escenario de coalición. Un eventual gobierno conjunto del PP y VOX quedaría atrapado en la contradicción de sus propias estrategias: el PP, apostando por la selectividad cultural, y VOX, por la exclusión absoluta. Cualquier concesión de uno hacia el otro sería interpretada como una claudicación y debilidad ante su electorado, transformando lo que era una grieta terminológica en las redes en un pulso político real e insoluble. El "hispanchismo", por tanto, no es solo un insulto en una guerra cultural, es el espejo de una tensión estratégica que redefine los límites y las alianzas en la derecha española.

 

Valoración electoral de la gestión de la coalición “La izquierda de Aragón”

La coalición CHA-IU-iniciativa social obtuvo el pasado 20-N un acta de diputado por la provincia de Zaragoza tras recabar 74.655 votos.

Toca juzgar si éste ha sido o no un buen resultado. Defendemos aquí que un buen resultado debía de cumplir dos condiciones: superaría el porcentaje de votos de las anteriores elecciones al Parlamento de Aragón de Mayo y reactivaría la tendencia de estancamiento –o descenso- en el voto a CHA. Para ello se apoyaría en una inercia general de crecimiento de la izquierda en el conjunto del Estado, recogiendo un voto desancantado con el PSOE. La coalición debía de servir a ese objetivo estratégico, reforzada por el apoyo de iniciativas sociales como cuchaaragonesa.org, La Olivera Aragonesa, Mesas de Convergencia de Zaragoza y un conjunto de intelectuales y activistas sociales autodenominados como “iniciativa social”.

La fuerza del 15M en las principales ciudades aragonesas y –especialmente- en Zaragoza podría haber ayudado a conectar con nuevos sectores sociales –como ha sucedido en lugares como Valencia, Madrid o Málaga, contribuyendo a debilitar el bipartidismo.

Por el contrario, es justo señalar que para una parte del electorado tradicional de CHA e IU podía ser complicado el respaldar esta coalición (rechazo al nacionalismo, posición en temas hidráulicos). De hecho, en muchas coaliciones de partidos, la suma no es igual a la suma de sus partes.

Resultados electorales en pasados comicios electorales

En las elecciones nacionales de Mayo en Aragón la suma de CHA+IU alcanzó 97644 votos y el 14,4%. CHA recibió 55.875 (8,24%) e IU 41.769 (6,16%). En las generales de 2008, la suma fue de 8,06% y 60018 votos (4,98% CHA y 2,84% IU).

Nos centraremos sobre todo en analizar los resultados en la circunscripción de Zaragoza.

En Zaragoza, la suma de CHA+IU alcanzó el 15,74% de votos (75.288 votos). CHA recibió 44381 sufragios y el 9.28 % (8,72% y 41.993 en las municipales) e IU 30.907 y el 6.46 % (6,11% y 29.443 en las municipales). En las generales de 2008 había sido del 8,76% y 48012 votos (5,89% CHA y 2,87% IU).

Por lo tanto, las cifras muestran un suelo electoral (8,76% en Zaragoza, 5,82% en Huesca y 4,96% en Teruel) y un techo (15,74% en Zaragoza, 10,91% en Huesca y 11,6% en Teruel). El suelo electoral está relacionado con el voto útil ante la imposibilidad de obtener un diputado según la Ley D’Hont. Las personas que votan en clave regionalista –a partidos de ámbito aragonés- en las elecciones al Parlamento de Aragón, suelen hacerlo en clave nacional –a partidos de ámbito estatal- en las elecciones al Congreso de los Diputados. Algo parecido ha ocurrido en Asturies con Foro Asturias de Cascos o en Cantabria con el PRC de Revilla–que han perdido la mitad de sus votos en estas elecciones-. En la medida en que CHA camine hacia un voto regionalista, esta diferenciación se agudizará entre estos dos tipos de elecciones. Hay que recordar que eso no estaba sucediendo cuando más claro estaba el discurso nacionalista y de izquierda.

Resultados electorales del pasado 20-N

Los resultados de la coalición han sido 74.655 votos y 10,52% (8,06% en 2008, 14,4% en Mayo) en el total de Aragón. Por circunscripciones, en Zaragoza se han obtenido 58749 votos y un 11,46% (8,76% en 2008, 15,74% en Mayo). En Huesca, 9820 votos y 8,18% (5,82% en 2008, 10,91% en Mayo). En Teruel, 6086 votos y un 7,91% (4,96% en 2008, 11,6% en Mayo). Es decir, en Aragón se han subido 2,46 puntos porcentuales desde 2008, pero se han bajado 3,88 puntos desde Mayo. Eso sería normal, ya que en Huesca y Teruel, el voto útil podría haber ido para un partido con posibilidad de obtener diputado: ES LÓGICO QUE EN HUESCA Y TERUEL EL VOTO BAJE DE LAS ELECCIONES A CORTES A LAS DEL CONGRESO Y SENADO. Así, en Huesca se sube 2,36 puntos porcentuales desde el 2008, pero se baja 2,73 desde Mayo. Y en Teruel, se sube 2,95 puntos desde 2008 y se baja 3,69 desde Mayo.

Sin embargo, en Zaragoza, con un menor llamamiento al voto útil el resultado sigue esta misma tónica. Se sube 2,7 puntos porcentuales desde 2008, pero se baja 4,28 desde Mayo. Es decir, LA MAYOR PÉRDIDA DE VOTO DESDE LAS ELECCIONES DE MAYO SE PRODUCE EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE ZARAGOZA. De hecho, podría atribuirse –y coincide- el ascenso en voto (una media de 2,46 puntos), a la subida de IU en Aragón en los últimos 3 años. Esto se agrava aún más en la ciudad de Zaragoza, donde se da un descenso de 4,49 puntos porcentuales desde Mayo (se pasa de un 17,16% a un 12,67%).

Lo esperable en estas elecciones era que las cifras se acercaran más al suelo electoral en Huesca y Teruel, donde era imposible alcanzar el acta de diputado, mientras se estaría más cerca del techo donde sí era posible –en Zaragoza-. La alegría por la obtención del objetivo mínimo que justificaba la coalición –el escaño de Chesus Yuste- no debe de ocultar la preocupación por el hecho de que hemos perdido 22989 VOTOS Y 3,88 PUNTOS PORCENTUALES DESDE LAS ELECCIONES DE MAYO DE 2011 (y hasta 4,49 puntos y casi 10.000 votos en la ciudad de Zaragoza). Chunta-IU han recibido solamente el 76,46% de los votantes de Mayo, perdiendo el 23,54% de sus votos. Es decir, 1 de 4 votantes de CHA o de IU en Mayo han optado, apenas 6 meses después por la abstención o por otra opción política (sin apenas trasvase hacia el PSOE y sin la existencia de voto útil). Esta situación no se produce en el resto de circuncripciones en el Estado, donde los partidos de izquierda incrementan o mantienen sus votos desde Mayo.

Se argumenta que la coalición ha incrementado 18780 votos y 2,46 puntos porcentuales desde las elecciones generales de 2008. Sin embargo, se olvida que parte de ese crecimiento ha sido intrínseco a Izquierda Unida, como hemos visto anteriormente y como se reveló en la importante subida en Aragón de este partido en Mayo (de un 4,5% a un 5,76% en 2011). Por ello, si consideramos esta subida, nos encontramos con estancamiento o pérdida de votantes entre la potencial base social de Chunta.

¿Qué se está haciendo mal en la gestión del partido?

Los resultados electorales, por tanto, y especialmente en Zaragoza, no debieran de considerarse positivos. Se podrá argumentar que la coalición en sí iba a provocar ese descenso electoral. Afirmar eso supondría negarnos a entender qué estamos haciendo mal: Los mediocres resultados en Zaragoza se deben a una mala gestión de la coalición electoral.

Si bien no se puede negar que han existido avances significativos en la interacción con el tejido social cercano a Izquierda Unida –Mesas de Convergencia-, no ha sucedido lo mismo con entornos tradicionalmente aragonesistas, ni con sectores más jóvenes próximos al 15M.

En cuanto a los primeros, destacan dos vacíos en la gestión de la coalición: la escasa invitación a participar en el proceso al entorno de la izquierda aragonesa, muchos de ellos englobados en la Red de Colectivos de Aragón. En su lugar, la Dirección de Chunta se echó a los brazos del tejido social próximo a Izquierda Unida. Como un ejemplo – trivial, pero significativo-, las Mesas de Convergencia –parte de la estrategia de refundación de IU y que han sido impulsadas por los académicos Juan Torres, Armando Fernández Steinko o Vincenç Navarro- multiplicaron por 7 sus amigos en Facebook durante esa campaña electoral, hicieron convocatorias, promocionaron candidatos en listas y adquirieron relevancia social.

Nada similar se promovió desde los entornos aragonesistas –o ecologistas en defensa de la tierra-. No sólo nadie se dirigió a ellos sino que se evitó su participación y relevancia en la coalición. Mirando de espaldas al tejido social de la izquierda aragonesa y celosos de poder promover figuras y organizaciones rivales, la Dirección de CHA acudió al entramado social de IU para que lanzara la candidatura, sabiendo que estos no les podían hacer sombra dentro del nacionalismo aragonés. Sin embargo, se ha apoyado –irresponsablemente y sin contrapeso desde el ala aragonesista- una “iniciativa social” capacitada para romper la hegemonía que había mantenido el aragonesismo político en el tejido social durante la última década.

Ahondando en la mala gestión de la coalición, otro problema clave es la deficiente comunicación y relación con la militancia de Chunta, dificultando su participación en este proceso. La gestión de la presente Dirección Nazional ha ido aislando y desvertebrando a la militancia y los ligallos a lo largo y ancho del territorio aragonés durante los últimos años.

Con esos mimbres, difícilmente puede extenderse un proyecto más allá de ciertas redes intelectuales y sociales de la ciudad de Zaragoza. Entre los principales errores, falta de contacto horizontal entre la militancia, escaso poder real y participación en las decisiones del partido, información deficiente a la base del partido, un modelo equivocado de secretarías territoriales, o la apuesta por gestionar un partido desde las sedes institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza y las Cortes de Aragón. Todo ello se ha reproducido en la gestión de la coalición electoral, donde la información ha llegado tarde y se ha impedido una efectiva participación de la militancia. La falta de una gestión territorial adecuada, donde las redoladas y la militancia sean parte de todos los procesos de decisión, pero también de acción y trabajo, es clave para que todos y todas se sientan parte de un proyecto común, de carácter nacional.

Cierto es que se ha avanzado en aplicación de nuevas tecnologías y web 2.0. en la campaña electoral, y que el compromiso de muchas personas ha sido excelente, así como el trabajo de un buen número de comarcas, pero, volvemos a recordar, ello ha seguido siendo ajeno a una importante parte de la militancia del partido.

Sobre la relación con los sectores que veían con simpatía al 15-M, la ausencia de renovación y de gestos tangibles en una gran parte de la candidatura por Zaragoza mostró escasa comprensión hacia ellos. Las demandas ciudadanas requerían una regeneración de los representantes políticos. De hecho, frente a varios socios que han aprovechado la renovación de sus cargos públicos en este contexto como una vía de re-conectar con el entorno del 15M (IU Aragón: Álvaro Sanz -33 años-; Iniciativa per Catalunya: Laia Ortiz -31 años-; IU Málaga: Alberto Garzón -26 años y miembro de Democracia Real Ya), Chunta ha optado nuevamente por pan para hoy y hambre para mañana. Desoyendo las voces de las calles, los candidatos de la lista por Zaragoza, Chesús Yuste (parlamentario desde 1995), Carmen Gallego (concejala histórica en el Ayuntamiento de Zaragoza) y Antonio Pérez Lasheras (veterano miembro del aragonesismo cultural), estaban centrados en el corto plazo. En cambio, Izquierda Unida marcó el futuro de la coalición mandando a un joven diputado a Madrid cuya visibilidad tras su presencia en las Cortes será sin duda utilizada en el futuro como cabeza de lista a alguna de las instituciones aragonesas.

La regeneración, lamentablemente, tampoco se ha hecho en la praxis política. Ha habido que esperar a la elección dentro del grupo de IU para llevar a cabo un compromiso ético personal – como ha sido el rechazo del plan de pensiones privado en el Congreso- que anteponía los intereses generales a los personales o de partido. Se ha tenido que buscar a una “iniciativa social” que impulsara el modelo asambleario y la toma de decisiones con colectivos sociales, tras olvidar el proyecto histórico de las Asambleyas Sozials, planteado por diferentes sectores de CHA. Y es que todas estas propuestas llevaban meses –o años- encima de la mesa. Por ejemplo, las iniciativas para profundizar en democracia interna e interacción con el tejido social, rompiendo así los riesgos de anquilosamiento del partido y la falta de participación de su militancia, llevan 4 años en el cajón de las propuestas olvidadas en Chunta.

Así, las mismas demandas en materia de ética política que el 15M sacó a la luz en Mayo, habían sido bloqueadas hasta en tres ocasiones y finalmente descartadas en el Comité Nazional de Febrero por la Dirección Nazional de Chunta (alegando que no era un tema de interés electoral): limitación de mandatos a cargos públicos, renuncia a coches oficiales, compromiso de vincular el salario de los representantes políticos al salario medio de las y los aragoneses, toma de decisiones por Asambleyas Sozials y referendos ciudadanos vinculantes, reducción a la mitad del número de asesores; y, en definitiva, acercar la política a la ciudadanía. El mismo bloqueo –parcial- que tuvieron propuestas como la petición de inclusión de la dación de la vivienda en pago para saldar la deuda hipotecaria (por su supuesta inviabilidad), una medida que se ha demostrado clave en los meses posteriores. Es comprensible el rechazo que estas medidas causan en el PSOE y PP, pero, ¿no sería la izquierda quien debería de estar más comprometida en romper la distancia entre los representantes y representados? ¿No perdimos la oportunidad de liderar estos debates en Aragón? ¿No seguimos alejados de una ciudadanía que sigue sin vernos “gente como ellos”?

En otro sentido, la visibilidad de la coalición electoral ha estado nuevamente mediatizada por Izquierda Unida. Aunque el nombre se repetía en trilingüe, en la práctica, las lenguas identitarias de Aragón han brillado por su ausencia. Bajo la intención de no molestar al electorado de Izquierda Unida, se han limado los aspectos definitorios del aragonesismo en la simbología de la coalición. El “Súmate!” ha recordado en exceso al “Rebélate!” de Izquierda Unida. Frente a la propuesta de nombre de “Cucha Aragonesa” se utilizó en la práctica “La izquierda de Aragón”. La coalición ha sido a todos los efectos parte de Izquierda Unida, insertándonos en un grupo, una estrategia, o un recuento electoral (todos los medios de comunicación han asignado el diputado a Izquierda Unida) que ha invisibilizado al aragonesismo político. Esto sucede cuando la negociación es guiada por una dirección sin una estrategia y principios ideológicos coherentemente dirigidos hacia a dónde se quiere llegar en el medio plazo.

Resumiendo, la coalición ha fortalecido a las jóvenes promesas –de futuro- de Izquierda Unida, ha contribuido a fortalecer su imagen en Aragón y en el conjunto del Estado – invisibilizando el aragonesismo político-, se ha elaborado con escasa implicación de la militancia y se ha preferido –conscientemente- apoyar al entramado social de Izquierda Unida frente a las redes y organizaciones sociales próximas al nacionalismo aragonés o frente aquellos impulsores de la candidatura desde este entorno. Más allá, una gestión inapropiada de la coalición ha imposibilitado conectar con nuevos sectores sociales en la órbita del 15M. Allí donde ha sido más fuerte el 15M, en la provincia de Zaragoza, sus resultados han supuesto la mayor bajada en votos desde las elecciones de Mayo. Como resultado, IU es hoy más fuerte y ha aumentado su capacidad para disputar la hegemonía de la izquierda aragonesa a Chunta Aragonesista.

El problema de fondo: ¿Caminando hacia el futuro?

Ante todo lo anterior, se oyen voces de la Dirección de CHA relativas a un necesario “giro nacionalista del partido”. Esto plantea varios problemas. En primer lugar, después de haber catapultado a Izquierda Unida dentro de la izquierda aragonesa –por el miedo a apoyar a organizaciones y personas “no controladas” por la Dirección-, y de haberse divorciado del tejido social, ese giro nacionalista –sin incorporar una apuesta por la izquierda- volvería a poner en bandeja a Izquierda Unida la hegemonía entre la izquierda aragonesa, como la tuvo durante más de una década. Reforzada IU, si CHA abandona la izquierda, permite que la coalición de carácter estatal ocupe ese espacio.

En segundo lugar, y más grave, revela la falta de proyecto a medio plazo. Irónicamente, el ciclo de la actual Dirección de CHA comenzó precisamente con un giro nacionalista, presentando un conjunto de enmiendas a estatutos en la Asambleya de Huesca de 2008 para “nacionalizar” el partido. Había que ser “más cuatribarrados”. Esa apuesta se cortó tan pronto como llegó la fascinación por Iniciativa per Catalunya, el cual parecía recomendar la apuesta por Espacio Plural y el ecosocialismo federalista. Había que ser “más verdes”. Podría haber sido una línea a seguir, pero la llegada de la crisis, el giro neoliberal del PSOE y el espinoso asunto de Mularroya recomendaba una Chunta “más social” ante la crisis. Ahora, había que ser “más rojos”.

Por supuesto, hay quien argumentará que no se ha abandonado ninguna de las líneas de acción anteriores y que se han incorporado todas ellas en un discurso coherente: Nada más lejos de la realidad. Una estrategia nacionalista habría recalcado, ante la crisis, los problemas de falta de soberanía de los aragoneses. Dos ejemplos: Zapatero rompió “el contrato electoral” firmado con nuestra ciudadanía, al realizar políticas neoliberales contrarias a sus promesas electorales. Otro, la crisis ha llevado la soberanía de los aragoneses de Zaragoza y Madrid a los mercados de inversión internacionales. Un discurso nacionalista pediría más soberanía en Aragón para recuperar la democracia y dar una salida social a la crisis. De las primas de riesgo, al voto y decisión de los aragoneses. Una estrategia ecosocialista –al espejo de ICV- habría profundizado en la participación social, rechazando la insostenibilidad ecológica de la sociedad de consumo. Frente a una llamada al apoyo y fomento de la producción, se hablaría de decrecimiento. Por el contrario, enfrascados en la dinámica “social” y olvidando nuestras otras identidades, después de hablar en exclusiva de una salida social a la crisis, ¿cómo era posible explicar a la sociedad el rechazo a la coalición electoral? Ante la falta de proyecto estratégico, la coalición electoral con IU no fue una estrategia meditada para debilitar al bipartidismo, sino la única salida y salvavidas ante los vaivenes ideológicos de los últimos años.

La respuesta, al final, parece lógica: Chunta no ha sido ni roja, ni verde, ni cuatribarrada. Y, por el contrario, lejos de apostar por una línea estratégica y trabajar para reforzarla en el futuro, hemos hecho todo lo contrario. Por ejemplo, si decidiéramos apostar por el nacionalismo, habría que generar un modelo de país –renovador frente al anterior- y apoyarlo creando sinergias con redes de organizaciones nacionalistas –en vez de darles la espalda-, centros sociales, actividades culturales, mensajes políticos…. Es decir, crear las condiciones para que el nacionalismo sea realmente posible y exitoso, a partir de una base social adecuada. Sin embargo, arrimándonos al “sol que más calienta”, lo que hemos hecho ha sido reforzar los otros discursos de aquellos que llevaban años trabajando en una línea estratégica, en este caso, los de EQUO e Izquierda Unida.

Finalmente, tras desconcertar a propios y extraños, volvemos al punto de partida, sin haber trabajado ese discurso durante cuatro años, sin haber hecho país, sin haber visualizado la lengua aragonesa en el partido, sin haber favorecido y apoyado el crecimiento de un tejido social –autónomo- nacionalista aragonés. Y, lo que es peor, regresamos al origen no por convencimiento político, sino como una estrategia para cerrar los espacios –en la militancia con sensibilidad nacionalista- que las tensiones de la coalición podrían haber creado.

Cualquier futuro que no comprometa la pervivencia del nacionalismo aragonés pasa por proyectos y personas que sepan marcar estrategias a corto, medio y largo plazo, construyendo país y alterando las condiciones para que la izquierda (nacional) aragonesa sea alguna vez la opción mayoritaria en esta sociedad. En ese proceso no sobran personas sino que faltan estrategias y proyectos con 3 C’s: consistentes, coherentes y constantes. Esa coherencia ha de extenderse a lo largo y ancho del territorio de Aragón: no se puede hacer un país sin una apuesta integral por el conjunto de su territorio. Hemos de salir de las instituciones y recorrer plazas de pueblos, barrios y ciudades, asociaciones y colectivos, cooperativas y medios rurales, junto a la militancia de cada redolada. Hemos de sentirnos orgullosos de nuestra tierra y colaborar en construir un modelo de país, integrador con el medio rural –donde se vuelva a valorar la vida rural y el futuro de ésta-, respetuoso con el medio ambiente, democrático y cercano, leal y ético con su ciudadanía y donde las personas controlen a su economía para mejorar su bienestar colectivo.

BORRADOR DE ACUERDO PROGRAMATICO GENERALES 2011 CHA-IU

Se podrán presentar propuestas hasta el próximo 24 de octubre a la siguiente cuenta de correo: laizquierdadearagon@gmail.com

BORRADOR DE ACUERDO PROGRAMATICO GENERALES 2011.

1. La creación de empleo y la protección a las personas en paro debe ser el objetivo prioritario de la política económica del Estado.

Crear empleo a través de inversiones públicas en sectores productivos de la economía, con incremento del empleo público que garantice servicios públicos de calidad. Impedir la destrucción de empleo, negando los ERE´s a las empresas que hayan obtenido beneficios el año anterior, reducción de la jornada laboral a 35 horas para un reparto del trabajo. Supresión de las ETT´s y las agencias privadas de colocación.

Acabar con la precarización del mercado laboral que se ha generalizado progresivamente por medio de la reducción de salarios, el incremento de la temporalidad, el uso masivo de los contratos de formación y la pérdida continuada de derechos sociales y laborales, impidiendo el desarrollo de proyectos vitales entre las personas trabajadoras, y especialmente entre las más jóvenes

1. Protección al desempleo: ampliación de la prestación por desempleo y el subsidio, suspensión de los procedimientos de ejecución de los desahucios de viviendas o corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas desempleadas. Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración. Planes específicos de empleo para el colectivo de jóvenes menores de 35 años y de mujeres. Transporte público gratuito para las personas desempleadas.
2. Derogación de las reformas laborales y de la reforma de las pensiones públicas. Recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Eliminación de la contratación temporal injustificada. Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Reforma de la causalidad del despido improcedente dando la posibilidad a la persona empleada de elegir entre indemnización y readmisión. Acabar con el uso fraudulento de las prácticas no laborales que generan empleo cualificado sumergido, garantizando a las personas que han obtenido una beca unas condiciones de trabajo dignas y una protección social de calidad.
3. Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes y establecimiento de un salario máximo, con un tope específico para las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes, penalizando la causalidad y la siniestralidad en las cláusulas de contratación públicas.
4. Sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como es el caso de las pensiones privadas. Revalorización de las pensiones y, en consecuencia, rechazo de cualquier fórmula de reducción o congelación. Tope de la cotización máxima necesaria a los 35 años y un período máximo de computo de cotización de 15 años. Reconocimiento equitativo de los periodos trabajados en cualquier país de la UE.
5. Exigimos la dación en pago, es decir, que la cesión de la vivienda al banco satisfaga la deuda hipotecaria, reforma legislativa inmediata. Proponemos el desarrollo del alquiler social, la rehabilitación y el gravamen impositivo a las viviendas vacías.
6. Nacionalización de las entidades bancarias insolventes y defensa de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros como entidades sin ánimo de lucro, frente al proceso de bancarización y a la pérdida de su carácter social, desde un modelo de gestión basado en la participación democrática de los impositores y trabajadores, la competencia autonómica exclusiva en la materia y su vinculación a los objetivos de desarrollo acordados democráticamente. Establecer mecanismos eficaces para garantizar el control sobre las transacciones financieras en el marco del estado español (Bolsas y Mercados Españoles (BME)
7. El Estado debe intervenir en la economía, recuperando para el sector público aquellas empresas privatizadas de carácter estratégico, invirtiendo directamente en los sectores indispensables de la economía, para garantizar la creación de empleo y un modelo productivo sostenible y social basado en la economía productiva y en la I+D+i. Priorización de aquellos sectores y actividades económicas con mayor capacidad de crecimiento sostenible y de generación de empleo estable y de calidad.
8. Impulso de la economía real, apoyando a las PYMES y a los autónomos mediante el pago a proveedores y a subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 para pequeñas empresas y autónomos). Facilitar la suficiencia económica a través de créditos ICO. Crear institutos de finanzas autonómicos, y, en especial, el Instituto de Finanzas de Aragón como instrumento principal de la política de crédito público.

Apoyo a los sectores productivos: a los sectores básicos (construcción, automoción, turismo, producción de alimentación y bebidas); a los sectores emergentes y estratégicos (agricultura, química verde, naval, ferroviario y servicios socio-sanitarios y de energías alternativas) y a los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, medicina, nanotecnología o la economía del hidrógeno).

10. Fomento de la economía social mediante medidas e incentivos que favorezcan el autoempleo y los fines sociales y colectivos a través de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades de economía social.

11. Justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo haciendo que paguen más los que más tienen y más ganan, mediante un sistema tributario progresivo y distributivo. Reforma del IRPF incrementando los tramos a las rentas más altas. Dejar sin efecto la subida del IVA, e incrementando este tributo exclusivamente para los bienes de lujo. Crear una tasa que grave las transacciones financieras. Eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Recuperar el Impuesto del Patrimonio y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre Grandes Fortunas y Patrimonios. Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras. Desarrollar una fiscalidad ambiental que grave las actividades que perjudican el medio ambiente e incentiven las que tengan efectos favorables. Hay que avanzar hacia un modelo fiscal en el que se incorporen los costes sociales y ambientales derivados de los procesos productivos y el carácter finalista de los montos económicos derivados de estas medidas para proyectos de restauración de los daños ambientales producidos.

12. Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados. Reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Mejora de los recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), sus competencias y estructura, así como su control parlamentario. Creación de la Agencias Tributarias autonómicas. Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales y control de todas las operaciones en metálico superiores a 6.000 € tanto entre particulares como en relaciones comerciales.

13. Nos oponemos al Pacto del Euro y por tanto rechazamos los tratados que desde Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital. Proponemos un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de todas las personas que vivimos en Europa. Proponemos la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales para que incluyan entre sus misiones la de actuar como un verdadero instrumento que garantice la adecuada financiación del sector público sin dejar las emisiones de deuda pública a merced de la codicia de los especuladores.

14. Defender con firmeza los intereses de Aragón ante el Gobierno central en todos los ámbitos de la actividad política, económica, social y cultural, exigiendo el respeto de su identidad, de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa y velando para que Aragón tenga en el conjunto del Estado el peso y la influencia que le corresponden.

15. Promoveremos el debate sobre la reforma de la Constitución para avanzar hacia un modelo republicano federal de organización del Estado, basado en los principios del federalismo cooperativo y solidario, partiendo del respeto de la naturaleza plurinacional del Estado y del derecho a decidir de sus ciudadanos y ciudadanas y diseñando un nuevo marco competencial que otorgue poderes suficientes a las entidades federadas y garantice el bienestar económico, social y cultural de la ciudadanía.

16. Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de ampliar al máximo el ámbito competencial, atribuyendo a la Comunidad Autónoma todas las competencias que la Constitución no reserva expresamente al Estado. Hasta que tenga lugar la reforma, desarrollar plenamente el actual Estatuto de Autonomía, exigiendo al Estado el traspaso de funciones, servicios, medios personales y materiales relativos a todas las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. Agotar las posibilidades de transferencia de competencias de titularidad estatal a Aragón por la vía del artículo 150 de la Constitución.

17. Convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, reformando el sistema de elección de sus miembros y otorgándole plenas facultades legislativas en las leyes que afectan directamente a las Comunidades Autónomas.

18. Reordenar la estructura administrativa y política del Estado. Propiciar un acuerdo de Estado para la reforma de las administraciones públicas, con el objeto de reducir los niveles administrativos, redistribuir competencias y conseguir mayor grado de eficiencia en el sistema institucional, que cuenta en la actualidad con hasta seis niveles: europeo, estatal, autonómico, provincial, comarcal y municipal. Con ese objeto se impulsará la desaparición paulatina de las Diputaciones Provinciales y la reducción presupuestaria a la mínima expresión de los Ministerios del gobierno central cuyas competencias hayan sido transferidas –en parte o en su totalidad- a las Comunidades Autónomas.

19. Mejorar la financiación de los Ayuntamientos, de acuerdo a criterios objetivos y equitativos, en los que se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento de los habitantes del medio rural, equiparando la participación de los tributos del Estado de todos los Ayuntamientos con la media de las grandes ciudades, esto es, que todos reciban de este Fondo un mínimo de 365 euros por habitante y año.

20. Fortalecer los mecanismos de relación bilateral entre Aragón y el Estado y desarrollar instrumentos federales de cooperación horizontal entre las Comunidades Autónomas. Garantizar la participación de Aragón en la designación de miembros de instituciones, organismos o empresas estatales y en el proceso de toma de posiciones del Estado que afectan a Aragón ante la Unión Europea.

21. Medidas de regeneración de la vida democrática, reformando las formas de hacer política con medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declaración de los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, ley de revocación de los cargos públicos y reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos para garantizar la transparencia, impedir la condonación de préstamos concedidos por entidades financieras y limitar las donaciones.

22. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que los tribunales puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a las personas imputadas por delitos graves de corrupción, agilizando y priorizando los procedimientos. Reformar el Código Penal con la finalidad de elevar las penas previstas para las personas corruptas y las corruptoras e imponer la incompatibilidad de que puedan trabajar en empresas privadas que presten cualquier servicio a la Administración Pública.

23. Profundización democrática en el Estado. Reforma de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía (Iniciativa Legislativa Popular, referéndum vinculante, presupuestos participativos y consultas populares) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar la participación popular y desarrollar nuevas fórmulas de participación política, como las consultas por internet, o las asambleas ciudadanas. Ampliar el derecho a voto a colectivos ciudadanos actualmente excluidos, como los jóvenes entre 16 y 18 años en todas las elecciones y de los inmigrantes residentes en el Estado en las elecciones municipales.

24. Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual, en las elecciones generales y en las autonómicas, aplicando criterios de territorialidad. Reformar la legislación electoral a fin de que la circunscripción electoral para la elección de Diputados del Congreso sean las Comunidades Autónomas, y no las provincias.

25. Modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, de manera que la educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la atención a las personas mayores, la salud, el suministro de agua potable, la energía, el transporte público, el servicio postal, el deporte o la cultura… sean considerados servicios públicos que dependan de la responsabilidad pública y tengan carácter universal, laico y gratuito, frenando la tendencia a su privatización o externalización. Exigencia de la titularidad y gestión públicas. Garantizar la prestación de la Ley de Dependencia incorporando la cartera de servicios que la componen en el sistema público de la Seguridad Social. Desarrollar una Ley del Tercer Sector de Acción Social, creando mecanismos adecuados de interlocución y diálogo civil y desarrollando un sistema de financiación más justo, adecuado y sostenible.

26. Desarrollar legalmente la exigencia del cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación…

27. Debemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones para lograr un desarrollo social y ecológicamente sostenible y perdurable dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas, para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria. Garantizar la presencia activa y la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión ambiental. Integrar de forma efectiva la lucha contra el cambio climático en la planificación de todos los sectores de la actividad económica.

28. Desarrollar un nuevo modelo energético para cambiar nuestra forma de producir, consumir y vivir, dando prioridad a las medidas de ahorro y eficiencia energética en el uso residencial e industrial, aumentando la participación de las energías renovables y limpias en el mix energético, en particular las más próximas al lugar de consumo, y abandonando urgentemente la energía generada en reactores nucleares, procediendo al cierre inmediato de todas las centrales nucleares.

29. Impulsar una política hidráulica respetuosa con los principios de unidad de cuenca, eficiencia, uso racional, respeto medioambiental, control de la demanda y recuperación de costes en el marco de la Nueva Cultura del Agua, y en consecuencia, rechazar rotundamente cualquier transferencia de agua entre cuencas, en especial el trasvase del Ebro.

30. Impulsar la agricultura y producción ecológica y rechazar los cultivos y productos transgénicos. Defender los principios de proximidad o cercanía, seguridad y soberanía alimentaria como los más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que mejor garantizan el desarrollo y la supervivencia del medio rural, la solidaridad internacional y el propio futuro de la humanidad. La política agraria y las ayudas europeas de la PAC deben ir dirigidas a favorecer a las explotaciones familiares agrarias y a los agricultores a título principal. Se debe apoyar a las Cooperativas y fomentar la agroindustria para evitar los tremendos abusos de las multinacionales que controlan la producción de insumos y la distribución alimentaria, apostando por un modelo que garantice la soberanía alimentaria y vertebre el territorio.

31. Avanzar en la defensa de los derechos de los animales, en la línea de la legislación europea, entre otras medidas, endureciendo las penas por abandono y maltrato animal.

32. Exigir el desdoblamiento de la N-232 hasta el Mediterráneo y la N-II y la liberalización total del peaje mientras se ejecuten las obras, en cualquier caso exigimos la no renovación de ninguna concesión administrativa a las empresas que explotan de forma privada las autopistas. Exigimos igualmente la terminación de la autovía Pamplona-Huesca-Lleida, acelerar los trámites para comenzar la construcción de la autovía A-40 Cuenca-Teruel y la ejecución de todas las infraestructuras necesarias para Aragón como elementos de vertebración e impulso económico del territorio, especialmente a red de carreteras intercomarcales que posibilite el desarrollo del medio rural. Apostar decididamente por el ferrocarril para el transporte de mercancías, exigiendo la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y la Travesía ferroviaria Central del Pirineo (TCP) después, y acelerar el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Impulso del sistema de cercanías.

33. Construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Modificar la Ley Electoral para garantizar que las listas electorales incluyan un 50% de personas de cada sexo y establecer un reglamento que instaure la paridad institucional. Trabajar por la erradicación de la brecha salarial y social entre mujeres y hombres. Elaborar un plan de lucha contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados. Implantación de medidas efectivas de lucha contra la violencia de género. Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. Desarrollar la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Garantizar que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplique en la sanidad pública.

34. Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población. Exigir al gobierno estatal el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y un funcionamiento ágil y eficaz del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que quede garantizada la participación preeminente de Aragón. Exigir la devolución de la documentación aragonesa del Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.

Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura local, autonómica y estatal. Garantizar el acceso mediante banda ancha como servicio universal e impulsar medidas para garantizar la neutralidad en la red.

35. Modificar la Ley de Memoria Histórica, para anular las sentencias franquistas y para establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre esos hechos y procurar la localización, recuperación e identificación de personas desaparecidas y la señalización y dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de represaliados durante y tras el conflicto, siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones públicas asumir los gastos derivados de esta reparación.

36. Exigimos la rescisión de los Concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica, y entre tanto no se produzca esta medida la supresión sus exenciones fiscales, igualando el derecho a optar a subvenciones públicas de carácter finalista en las mismas condiciones que cualquier otra confesión, ONG o asociación, a fin de garantizar la laicidad del Estado. Exigir un uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos y que en los actos públicos y en las dependencias institucionales se respete el principio constitucional de aconfesionalidad.

37. Oposición a la guerra en todas sus formas. Exigimos la retirada de las tropas españolas de Afganistán y Libia. Proponemos prohibir la exportación de armas a zonas de conflicto (como se hace actualmente), reducir el presupuesto militar y la retirada de las bases de la OTAN. Cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Desmilitarización del campo de maniobras de San Gregorio y su retorno para usos públicos. Exigimos el cumplimiento de la recomendación internacional de destinar el 0,7% del presupuesto del Estado a la Cooperación al Desarrollo, como primer paso para alcanzar el 1%. Apoyamos el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia del Pueblo Saharaui. Apoyamos el derecho del Pueblo Palestino a tener su propio Estado.

El complejo del huevo

Con todo esto de la posible coalición de CHA con IU me he encontrado con muchos huevos, o por lo menos con muchas personas con complejo de huevo. Estas personas tienen una cosa en común, militan todas en algún partido político.

El complejo de huevo en las personas militantes en partidos políticos consiste en permanecer hermético respecto del exterior (la sociedad) y puros en sus doctrinas. Y todo en su justa medida tiene su valor, un partido político no debe moverse al más ligero vaivén, hay unos objetivos básicos que han de ser prácticamente inamovibles y mantener la doctrina ayuda a mantener la cohesión y la fuerza. Pero no podemos olvidar que en toda su pureza y hermetismo los huevos son tremendamente frágiles.

También he encontrado personas que no creen que la situación actual sea tan grave como para hacer necesaria la unión de las izquierdas en nuestro país. Será que los rescates de Irlanda, Grecia y Portugal (esto es, evitar que Estados entren en bancarrota) no son tan importantes, será que los 5 millones de parados en el Estado español son moco de pavo, será que EEUU (aunque sea por maniobras políticas) no ha estado a punto de la suspensión de pagos, será que no vamos a entrar en una segunda recesión (el primer rebote del gato muerto ha terminado) y será que en China no están en plena burbuja inmobiliaria.

Puede que me equivoque y que las cosas a partir de las elecciones del 20N vayan de maravilla. Pero ante la posibilidad de lo contrario (por mínima, delirante o exagerada que parezca) prefiero unir fuerzas, lo que está por venir va a ser muy duro.

Por último comentar que también he visto a elementos que apoyan la coalición en términos cortoplacistas, como beneficio único para su respectivo partido. Y que no son capaces de ver a una sociedad que pide una unidad de izquierdas para combatir y para que rinda cuentas a las ciudadanas, que no son capaces de darse cuenta del descrédito de la clase política y que dentro de sus propios huevos no ven más allá de sus propios sillones.

Italia años 90

A mitad de los años 90 en Italia se fundó la coalición electoral L'Ulivo, era un periodo agitado y difícil y las izquierdas italianas, en un esfuerzo de consenso decidieron plantar cara al primer ministro por aquel entonces, Silvio Berlusconi.

Ahora, en nuestro país nos encontramos ante un momento también crucial, las políticas de centro del PSOE PAR se han visto sustituidas por políticas de derechas del PP PAR. En el Estado la oleada de cambio es inminente, el PSOE está desarbolado ideológicamente, el giro (teórico) de políticas que plantea el candidato Rubalcaba se ve día sí y día también desautorizado por las políticas del gobierno de Rodríguez Zapatero.

La gente desconfía de la clase política, sin embargo, a falta de alternativas reales, parece amoldarse a la mediocridad, prueba de ello es que Rajoy tiene todas las papeletas para formar el próximo gobierno.

Desde aquí quiero lanzar la idea (que ya está circulando ampliamente por la red) de una alianza de las fuerzas de izquierda aragonesas. No se trata solo de hablar de la ley D'Hondt y de cómo el PPSOE se repartirá unos escaños, no se trata únicamente de desear que haya presencia aragonesa (de nuevo) en Madrid.

Se trata de algo mucho más profundo, tenemos que saber transmitir a las gentes de izquierdas de nuestro país que una alianza CHA-IU no sería un reparto de sillones, tenemos que hacer partícipe a las militancias de ambos partidos y paralelamente a la sociedad más concienciada del proceso que habrían de llevar a dos fuerzas, que comparten más cosas que las unen que cosas que las separan, a plantear un horizonte hacia donde caminar. No tenemos mucho tiempo, aparte de intentar dar valor real a los votos de la izquierda aragonesa tenemos que crear un marco de referencia ideológico que recoja toda la indignación contra los mercados, toda la indignación contra la políticas del gobierno socialista apoyadas por el PP y los "mercados", todo el cansancio y hastío de la sociedad hacia la clase política tradicional y, principalmente, toda la ilusión que las auténticas políticas de izquierdas pueden insuflar a muchas personas cansadas, pero no descorazonadas.

También podemos seguir como hasta ahora, pero eso, corriendo los tiempos que corren, me parecería una de las decisiones más estúpidas que pudiera tomar cualquier persona que se considerara aragonesa de izquierdas.