Se podrán presentar propuestas hasta el próximo 24 de octubre a la siguiente cuenta de correo: laizquierdadearagon@gmail.com
BORRADOR DE ACUERDO PROGRAMATICO GENERALES 2011.
- La creación de empleo y la protección a las personas en paro debe ser el objetivo prioritario de la política económica del Estado.
Crear empleo a través de inversiones públicas en sectores productivos de la economía, con incremento del empleo público que garantice servicios públicos de calidad. Impedir la destrucción de empleo, negando los ERE´s a las empresas que hayan obtenido beneficios el año anterior, reducción de la jornada laboral a 35 horas para un reparto del trabajo. Supresión de las ETT´s y las agencias privadas de colocación.
Acabar con la precarización del mercado laboral que se ha generalizado progresivamente por medio de la reducción de salarios, el incremento de la temporalidad, el uso masivo de los contratos de formación y la pérdida continuada de derechos sociales y laborales, impidiendo el desarrollo de proyectos vitales entre las personas trabajadoras, y especialmente entre las más jóvenes
- Protección al desempleo: ampliación de la prestación por desempleo y el subsidio, suspensión de los procedimientos de ejecución de los desahucios de viviendas o corte de suministro de electricidad, gas, agua y teléfono para las personas desempleadas. Plan de empleo-formación para las personas en paro de larga duración. Planes específicos de empleo para el colectivo de jóvenes menores de 35 años y de mujeres. Transporte público gratuito para las personas desempleadas.
- Derogación de las reformas laborales y de la reforma de las pensiones públicas. Recuperación de la primacía de la negociación colectiva. Eliminación de la contratación temporal injustificada. Jubilación a los 65 años y reducción progresiva a los 60. Reforma de la causalidad del despido improcedente dando la posibilidad a la persona empleada de elegir entre indemnización y readmisión. Acabar con el uso fraudulento de las prácticas no laborales que generan empleo cualificado sumergido, garantizando a las personas que han obtenido una beca unas condiciones de trabajo dignas y una protección social de calidad.
- Elevación del salario mínimo a 1.100 €/mes y establecimiento de un salario máximo, con un tope específico para las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes, penalizando la causalidad y la siniestralidad en las cláusulas de contratación públicas.
- Sistema de pensiones como un mecanismo de redistribución de la riqueza y no como uno acumulativo, como es el caso de las pensiones privadas. Revalorización de las pensiones y, en consecuencia, rechazo de cualquier fórmula de reducción o congelación. Tope de la cotización máxima necesaria a los 35 años y un período máximo de computo de cotización de 15 años. Reconocimiento equitativo de los periodos trabajados en cualquier país de la UE.
- Exigimos la dación en pago, es decir, que la cesión de la vivienda al banco satisfaga la deuda hipotecaria, reforma legislativa inmediata. Proponemos el desarrollo del alquiler social, la rehabilitación y el gravamen impositivo a las viviendas vacías.
- Nacionalización de las entidades bancarias insolventes y defensa de la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros como entidades sin ánimo de lucro, frente al proceso de bancarización y a la pérdida de su carácter social, desde un modelo de gestión basado en la participación democrática de los impositores y trabajadores, la competencia autonómica exclusiva en la materia y su vinculación a los objetivos de desarrollo acordados democráticamente. Establecer mecanismos eficaces para garantizar el control sobre las transacciones financieras en el marco del estado español (Bolsas y Mercados Españoles (BME)
- El Estado debe intervenir en la economía, recuperando para el sector público aquellas empresas privatizadas de carácter estratégico, invirtiendo directamente en los sectores indispensables de la economía, para garantizar la creación de empleo y un modelo productivo sostenible y social basado en la economía productiva y en la I+D+i. Priorización de aquellos sectores y actividades económicas con mayor capacidad de crecimiento sostenible y de generación de empleo estable y de calidad.
- Impulso de la economía real, apoyando a las PYMES y a los autónomos mediante el pago a proveedores y a subcontratistas de las deudas de las Administraciones Públicas en un plazo máximo de 60 días (30 para pequeñas empresas y autónomos). Facilitar la suficiencia económica a través de créditos ICO. Crear institutos de finanzas autonómicos, y, en especial, el Instituto de Finanzas de Aragón como instrumento principal de la política de crédito público.
Apoyo a los sectores productivos: a los sectores básicos (construcción, automoción, turismo, producción de alimentación y bebidas); a los sectores emergentes y estratégicos (agricultura, química verde, naval, ferroviario y servicios socio-sanitarios y de energías alternativas) y a los sectores de futuro (mecatrónica, biología médica, medicina, nanotecnología o la economía del hidrógeno).
10. Fomento de la economía social mediante medidas e incentivos que favorezcan el autoempleo y los fines sociales y colectivos a través de cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo y otras entidades de economía social.
11. Justicia fiscal: que todas las rentas tributen de la misma manera, sean del capital o del trabajo haciendo que paguen más los que más tienen y más ganan, mediante un sistema tributario progresivo y distributivo. Reforma del IRPF incrementando los tramos a las rentas más altas. Dejar sin efecto la subida del IVA, e incrementando este tributo exclusivamente para los bienes de lujo. Crear una tasa que grave las transacciones financieras. Eliminación de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV). Recuperar el Impuesto del Patrimonio y sustituirlo a medio plazo por una fiscalidad sobre Grandes Fortunas y Patrimonios. Aumento de la contribución fiscal del beneficio de los bancos, las grandes empresas y las transacciones financieras. Desarrollar una fiscalidad ambiental que grave las actividades que perjudican el medio ambiente e incentiven las que tengan efectos favorables. Hay que avanzar hacia un modelo fiscal en el que se incorporen los costes sociales y ambientales derivados de los procesos productivos y el carácter finalista de los montos económicos derivados de estas medidas para proyectos de restauración de los daños ambientales producidos.
12. Combatir la economía sumergida y el fraude fiscal mediante un Plan con objetivos cuantificados. Reforma de la legislación tributaria sancionadora e inspectora. Mejora de los recursos de la Agencia Tributaria (AEAT), sus competencias y estructura, así como su control parlamentario. Creación de la Agencias Tributarias autonómicas. Prohibición y persecución de las operaciones en los paraísos fiscales y control de todas las operaciones en metálico superiores a 6.000 € tanto entre particulares como en relaciones comerciales.
13. Nos oponemos al Pacto del Euro y por tanto rechazamos los tratados que desde Maastricht a Lisboa guían una construcción europea antisocial y al servicio del capital. Proponemos un nuevo proceso constituyente de los pueblos y Estados europeos, capaz de promover una Constitución Europea que respete y amplíe los derechos de todas las personas que vivimos en Europa. Proponemos la reforma del Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales para que incluyan entre sus misiones la de actuar como un verdadero instrumento que garantice la adecuada financiación del sector público sin dejar las emisiones de deuda pública a merced de la codicia de los especuladores.
14. Defender con firmeza los intereses de Aragón ante el Gobierno central en todos los ámbitos de la actividad política, económica, social y cultural, exigiendo el respeto de su identidad, de los derechos colectivos de la ciudadanía aragonesa y velando para que Aragón tenga en el conjunto del Estado el peso y la influencia que le corresponden.
15. Promoveremos el debate sobre la reforma de la Constitución para avanzar hacia un modelo republicano federal de organización del Estado, basado en los principios del federalismo cooperativo y solidario, partiendo del respeto de la naturaleza plurinacional del Estado y del derecho a decidir de sus ciudadanos y ciudadanas y diseñando un nuevo marco competencial que otorgue poderes suficientes a las entidades federadas y garantice el bienestar económico, social y cultural de la ciudadanía.
16. Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón a fin de ampliar al máximo el ámbito competencial, atribuyendo a la Comunidad Autónoma todas las competencias que la Constitución no reserva expresamente al Estado. Hasta que tenga lugar la reforma, desarrollar plenamente el actual Estatuto de Autonomía, exigiendo al Estado el traspaso de funciones, servicios, medios personales y materiales relativos a todas las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma. Agotar las posibilidades de transferencia de competencias de titularidad estatal a Aragón por la vía del artículo 150 de la Constitución.
17. Convertir el Senado en una auténtica Cámara de representación territorial, reformando el sistema de elección de sus miembros y otorgándole plenas facultades legislativas en las leyes que afectan directamente a las Comunidades Autónomas.
18. Reordenar la estructura administrativa y política del Estado. Propiciar un acuerdo de Estado para la reforma de las administraciones públicas, con el objeto de reducir los niveles administrativos, redistribuir competencias y conseguir mayor grado de eficiencia en el sistema institucional, que cuenta en la actualidad con hasta seis niveles: europeo, estatal, autonómico, provincial, comarcal y municipal. Con ese objeto se impulsará la desaparición paulatina de las Diputaciones Provinciales y la reducción presupuestaria a la mínima expresión de los Ministerios del gobierno central cuyas competencias hayan sido transferidas –en parte o en su totalidad- a las Comunidades Autónomas.
19. Mejorar la financiación de los Ayuntamientos, de acuerdo a criterios objetivos y equitativos, en los que se tenga en cuenta la despoblación y el envejecimiento de los habitantes del medio rural, equiparando la participación de los tributos del Estado de todos los Ayuntamientos con la media de las grandes ciudades, esto es, que todos reciban de este Fondo un mínimo de 365 euros por habitante y año.
20. Fortalecer los mecanismos de relación bilateral entre Aragón y el Estado y desarrollar instrumentos federales de cooperación horizontal entre las Comunidades Autónomas. Garantizar la participación de Aragón en la designación de miembros de instituciones, organismos o empresas estatales y en el proceso de toma de posiciones del Estado que afectan a Aragón ante la Unión Europea.
21. Medidas de regeneración de la vida democrática, reformando las formas de hacer política con medidas para asegurar el comportamiento ético de los cargos públicos: regulación estricta de incompatibilidades, medidas contra el transfuguismo, declaración de los bienes patrimoniales, ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, ley de revocación de los cargos públicos y reforma de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos para garantizar la transparencia, impedir la condonación de préstamos concedidos por entidades financieras y limitar las donaciones.
22. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que los tribunales puedan suspender provisionalmente del ejercicio de su empleo o cargo público a las personas imputadas por delitos graves de corrupción, agilizando y priorizando los procedimientos. Reformar el Código Penal con la finalidad de elevar las penas previstas para las personas corruptas y las corruptoras e imponer la incompatibilidad de que puedan trabajar en empresas privadas que presten cualquier servicio a la Administración Pública.
23. Profundización democrática en el Estado. Reforma de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía (Iniciativa Legislativa Popular, referéndum vinculante, presupuestos participativos y consultas populares) a fin de que puedan ser instrumentos adecuados, factibles y vinculantes para canalizar la participación popular y desarrollar nuevas fórmulas de participación política, como las consultas por internet, o las asambleas ciudadanas. Ampliar el derecho a voto a colectivos ciudadanos actualmente excluidos, como los jóvenes entre 16 y 18 años en todas las elecciones y de los inmigrantes residentes en el Estado en las elecciones municipales.
24. Reforma del sistema electoral, encaminada a garantizar la proporcionalidad en el reparto de escaños, para que todos los votos valgan por igual, en las elecciones generales y en las autonómicas, aplicando criterios de territorialidad. Reformar la legislación electoral a fin de que la circunscripción electoral para la elección de Diputados del Congreso sean las Comunidades Autónomas, y no las provincias.
25. Modelo avanzado de Estado Social en el que cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la propuesta neoliberal de adelgazar el Estado, de manera que la educación, el cuidado de la infancia, la enfermedad, la atención a las personas mayores, la salud, el suministro de agua potable, la energía, el transporte público, el servicio postal, el deporte o la cultura… sean considerados servicios públicos que dependan de la responsabilidad pública y tengan carácter universal, laico y gratuito, frenando la tendencia a su privatización o externalización. Exigencia de la titularidad y gestión públicas. Garantizar la prestación de la Ley de Dependencia incorporando la cartera de servicios que la componen en el sistema público de la Seguridad Social. Desarrollar una Ley del Tercer Sector de Acción Social, creando mecanismos adecuados de interlocución y diálogo civil y desarrollando un sistema de financiación más justo, adecuado y sostenible.
26. Desarrollar legalmente la exigencia del cumplimiento de los derechos subjetivos establecidos en la Constitución: derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, a la educación…
27. Debemos cambiar las tendencias de creciente consumo de recursos naturales, de incremento de emisiones para lograr un desarrollo social y ecológicamente sostenible y perdurable dentro de un modelo económico concebido para atender las necesidades básicas de los seres humanos. Precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano, un territorio que cumpla sus funciones y una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas, para ello es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos: agua, energía, aire y suelo, evitando que se conviertan en mercancías. Impulsar las energías renovables, el “empleo verde” y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria. Garantizar la presencia activa y la participación ciudadana en la toma de decisiones en la gestión ambiental. Integrar de forma efectiva la lucha contra el cambio climático en la planificación de todos los sectores de la actividad económica.
28. Desarrollar un nuevo modelo energético para cambiar nuestra forma de producir, consumir y vivir, dando prioridad a las medidas de ahorro y eficiencia energética en el uso residencial e industrial, aumentando la participación de las energías renovables y limpias en el mix energético, en particular las más próximas al lugar de consumo, y abandonando urgentemente la energía generada en reactores nucleares, procediendo al cierre inmediato de todas las centrales nucleares.
29. Impulsar una política hidráulica respetuosa con los principios de unidad de cuenca, eficiencia, uso racional, respeto medioambiental, control de la demanda y recuperación de costes en el marco de la Nueva Cultura del Agua, y en consecuencia, rechazar rotundamente cualquier transferencia de agua entre cuencas, en especial el trasvase del Ebro.
30. Impulsar la agricultura y producción ecológica y rechazar los cultivos y productos transgénicos. Defender los principios de proximidad o cercanía, seguridad y soberanía alimentaria como los más sostenibles desde el punto de vista ambiental y que mejor garantizan el desarrollo y la supervivencia del medio rural, la solidaridad internacional y el propio futuro de la humanidad. La política agraria y las ayudas europeas de la PAC deben ir dirigidas a favorecer a las explotaciones familiares agrarias y a los agricultores a título principal. Se debe apoyar a las Cooperativas y fomentar la agroindustria para evitar los tremendos abusos de las multinacionales que controlan la producción de insumos y la distribución alimentaria, apostando por un modelo que garantice la soberanía alimentaria y vertebre el territorio.
31. Avanzar en la defensa de los derechos de los animales, en la línea de la legislación europea, entre otras medidas, endureciendo las penas por abandono y maltrato animal.
32. Exigir el desdoblamiento de la N-232 hasta el Mediterráneo y la N-II y la liberalización total del peaje mientras se ejecuten las obras, en cualquier caso exigimos la no renovación de ninguna concesión administrativa a las empresas que explotan de forma privada las autopistas. Exigimos igualmente la terminación de la autovía Pamplona-Huesca-Lleida, acelerar los trámites para comenzar la construcción de la autovía A-40 Cuenca-Teruel y la ejecución de todas las infraestructuras necesarias para Aragón como elementos de vertebración e impulso económico del territorio, especialmente a red de carreteras intercomarcales que posibilite el desarrollo del medio rural. Apostar decididamente por el ferrocarril para el transporte de mercancías, exigiendo la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau y la Travesía ferroviaria Central del Pirineo (TCP) después, y acelerar el corredor Cantábrico-Mediterráneo. Impulso del sistema de cercanías.
33. Construir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Modificar la Ley Electoral para garantizar que las listas electorales incluyan un 50% de personas de cada sexo y establecer un reglamento que instaure la paridad institucional. Trabajar por la erradicación de la brecha salarial y social entre mujeres y hombres. Elaborar un plan de lucha contra la segregación laboral y la precarización de los sectores laborales más feminizados. Implantación de medidas efectivas de lucha contra la violencia de género. Facilitar la conciliación de la vida laboral y personal. Desarrollar la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Garantizar que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo se aplique en la sanidad pública.
34. Apostamos por la democratización de la comunicación y la cultura, por gestionar de forma pública los derechos de autor, por el software libre y por una política cultural que apoye a los creadores desde la base y difunda las artes entre todos los niveles de la población. Exigir al gobierno estatal el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias y un funcionamiento ágil y eficaz del Patronato del Archivo de la Corona de Aragón, en el que quede garantizada la participación preeminente de Aragón. Exigir la devolución de la documentación aragonesa del Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca.
Proponemos una Ley General de la Comunicación Audiovisual que garantice el reparto de las licencias entre el servicio público, las iniciativas sociales y los negocios audiovisuales, de manera que los tres sectores puedan disponer de radios y televisiones de cobertura local, autonómica y estatal. Garantizar el acceso mediante banda ancha como servicio universal e impulsar medidas para garantizar la neutralidad en la red.
35. Modificar la Ley de Memoria Histórica, para anular las sentencias franquistas y para establecer con claridad que es responsabilidad de las administraciones públicas satisfacer el derecho de los familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y de toda la sociedad a conocer la verdad sobre esos hechos y procurar la localización, recuperación e identificación de personas desaparecidas y la señalización y dignificación de los espacios donde se ubiquen fosas de represaliados durante y tras el conflicto, siendo, por tanto, responsabilidad de las administraciones públicas asumir los gastos derivados de esta reparación.
36. Exigimos la rescisión de los Concordatos suscritos por el Estado español con la iglesia católica, y entre tanto no se produzca esta medida la supresión sus exenciones fiscales, igualando el derecho a optar a subvenciones públicas de carácter finalista en las mismas condiciones que cualquier otra confesión, ONG o asociación, a fin de garantizar la laicidad del Estado. Exigir un uso público de los edificios artísticos propiedad de confesiones religiosas rehabilitados con fondos públicos y que en los actos públicos y en las dependencias institucionales se respete el principio constitucional de aconfesionalidad.
37. Oposición a la guerra en todas sus formas. Exigimos la retirada de las tropas españolas de Afganistán y Libia. Proponemos prohibir la exportación de armas a zonas de conflicto (como se hace actualmente), reducir el presupuesto militar y la retirada de las bases de la OTAN. Cierre y desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas Reales. Desmilitarización del campo de maniobras de San Gregorio y su retorno para usos públicos. Exigimos el cumplimiento de la recomendación internacional de destinar el 0,7% del presupuesto del Estado a la Cooperación al Desarrollo, como primer paso para alcanzar el 1%. Apoyamos el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia del Pueblo Saharaui. Apoyamos el derecho del Pueblo Palestino a tener su propio Estado.
