miércoles, febrero 06, 2008

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AL RESCATE DEL SECTOR INMOBILIARIO




Y no, no me estoy refiriendo a las agencias inmobiliarias, sino a las grandes constructoras. El parón constructor se nota ya y las empresas que cuentan con una buena situación económica se están ya preparando para un invierno que ni ellas mismas saben cuánto va a durar. Se limitan a terminar las promociones que tenían ya empezadas (que están en gran parte vendidas) y sólo empiezan otro proyecto si éste cuenta con compradores en firme, como puedan ser empresas, centros comerciales o viviendas en lugares muy específicos.

Pero está claro que la bonanza económica, aquella en la que cualquiera podía montar una inmobiliaria y prosperar o, si se tenía el capital suficiente, iniciar una promoción y que las viviendas se vendieran mucho antes de estar construidas se ha acabado. Los pisos de segunda mano están bajando en casi todo el Estado para (ligero) alivio de compradores y desesperación de especuladores/as, ya sean personas a nivel particular o inmobiliarias, Y es que estas últimas se están teniendo que despabilar y ya no están inflando tanto las “tasaciones” de los pisos. Y escribo la palabra ‘tasación’ entre comillas porque cualquiera sabe que esas valoraciones hechas por las inmobiliarias (por los bancos también muchas veces) no dejaban de ser un cachondeo en ocasiones y un insulto a la inteligencia en otras muchas. Ahora hasta llegan a “regalar” el primer año de hipoteca si decides comprar.

Pero claro, aunque a mí me produzca poca o ninguna pena las penurias de las inmobiliarias me puedo llegar a preocupar más por todos los puestos de trabajo generados por el auge constructor. Están albañiles y demás gremios implicados en la construcción de cualquier edificio, pero luego está la gente que trabaja en las fábricas de azulejos, ladrillos, cementos, cristales, ventanas, aceros, construcción de herramientas y vehículos, etc. Si nos paramos a pensar por un minuto la cantidad de empresas y personas que viven de la construcción nos podemos llegar a asustar. Y allí precisamente está la madre del cordero. Porque las administraciones públicas, desde los ayuntamientos hasta la maquinaria del Estado, no se pueden permitir que las empresas empiecen a despedir gente a mansalva, las implicaciones que eso conllevaría serían catastróficas, así que quizá nos veamos abocados hacia un nuevo keynesianismo constructor.

Hay un dato claro, cuando se hacen construcciones con precios medianamente razonables, esas viviendas desaparecen del mercado como por arte de birlibirloque. Me estoy refiriendo a las edificaciones de protección oficial. Hay demanda de casas por parte de gente joven (hasta los 35-40 años) lo que no hay es recursos económicos. De hecho en estos últimos años de bonanza económica los grandes constructores despreciaban e incluso dejaban desiertos concursos de adjudicación de este tipo de viviendas, quizá ahora la cosa empiece a cambiar. La oferta por parte de las administraciones públicas debiera aumentar y las constructoras (sobre todo las que no hayan ahorrado en estos años) se agarrarán a estas ofertas en espera de tiempos mejores.

Y si todo esto se produce quizá a la vuelta de 7-8 años nos encontremos con que el precio real de los pisos de obra nueva ha bajado. Primero por el posible aumento de las edificaciones de protección oficial que pueden hacer “competencia” al mercado libre y segundo y principalmente porque los márgenes de beneficio de la construcción son lo suficientemente amplios como para permitir la “congelación” de precios en los próximos años, más teniendo en cuenta los grandes movimientos de venta de terrenos (algunos de ellos vendidos con mucha prisa) que se están produciendo por aquellas empresas que no quieren tener un activo muerto durante los próximos años, así que las compañías que estén avispadas pueden conseguir auténticas gangas inmobiliarias. Además no podemos olvidarnos de una inflación que se puede mover entorno al 3-5% anual, con lo que el sector del ladrillo va a tener que poner a enfriar una maquinaria que ya había forzado más allá de las posibilidades reales de la economía española.

Esto nos lleva a una conclusión, y es que el Estado y sus administraciones periféricas van a tener que ir al rescate de los más ricos para salvaguardar a las/os trabajadoras/es que sufren la especulación que ejercen las personas para las que trabajan. Al final en vez de en una democracia resulta que vamos a estar viviendo (de facto) en una dexiocracia*.


* Del griego dexio (δεξιός), derecha.

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